TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. SECCIÓN PRIMERA
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Proc. origen: Procedimiento abreviado Nº proc. origen: 0000366/2019-01
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 5 de Las Palmas de Gran Canaria

Procedimiento: Cuestión de Ilegalidad Nº Procedimiento: 0000137/2021 NIG: 3501645320190002215
Materia: Personal
Resolución: Sentencia 000226/2021

Intervención:	Interviniente:	Procurador:	
Demandante	DELEGACION DEL GOBIERNO		
Demandado	CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA	MARIA ELENA PERDOMO LUZ	

SENTENCIA

Ilmos. Sres.
Presidente: Don Jaime Borrás  Moya.
Magistrados: Don Francisco José Gómez Cáceres. Doña Inmaculada Rodríguez Falcón.
En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a tres de mayo de 2.021.

Visto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas, la presente cuestión de ilegalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número cinco de Las Palmas respecto del art. 20 del Acuerdo de funcionarios del Cabildo Insular de Fuerteventura publicado en el BOP de 18 de agosto de 2.017, siendo planteada dicha cuestión en Auto de dicho Juzgado de fecha 12 de enero de 2.021 como consecuencia de lo dispuesto en sentencia de fecha 28 de septiembre de 2.020. Compareció la representación del Gobierno en Canarias, así como la administración demandada en primera instancia.

ANTECEDENTES DE HECHO.
PRIMERO. Mediante sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número cinco de Las Palmas de Gran Canaria de fecha 16 de marzo de 2.020 se estimó la reclamación efectuada por la representación de la Delegación del Gobierno en Canarias contra la resolución del Cabildo de Fuerteventura concediendo ayuda asistencial a la edad comprendida entre los 62 y 65 años a Manuel Francisco Gutiérrez Cabrera, acordando plantear cuestión de ilegalidad

del art. 20 del Acuerdo de funcionarios del Cabildo de Fuerteventura en Auto de fecha 12 de enero de 2.021.
SEGUNDO. Planteada la cuestión y una vez finalizado el plazo de personación y alegaciones, se trajeron los autos a la vista con citación de partes para sentencia, con señalamiento del día treinta de abril del presente año para votación y fallo, habiendo sido ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Don Jaime Borrás Moya, que expresa el parecer unánime de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO. El presente litigio tiene por objeto determinar si el art. 20 del Acuerdo de funcionarios del Cabildo Insular de Fuerteventura, en base al cual se concedió al Sr. Gutiérrez Cabrera la ayuda asistencial a la edad recurrida por la Delegación del Gobierno en Canarias, puede o no ser anulado previo planteamiento de cuestión de ilegalidad por el Juzgado que conoció del litigio en primera instancia, señalando la administración demandada que tal cosa no es posible en atención a la circunstancia de que el Acuerdo de que se trata, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 18 de agosto de 2.017, no es una disposición general sino un acto administrativo plúrimo ya que sus destinatarios son los funcionarios que, como el Sr. Gutiérrez Cabrera, se acogieron a la ayuda en cuestión, no existiendo por tanto precepto reglamentario alguno cuya ilegalidad pueda entenderse que sirvió de base a la estimación de la demanda, no teniendo por tanto cabida en el presente caso lo señalado por el art. 27 de la ley jurisdiccional por contemplar un procedimiento previsto para disposiciones reglamentarias.
SEGUNDO. Sentado el debate en tales términos, debe señalarse, en primer lugar, que la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 20 de marzo de 2.018, resolviendo el recurso de casación número 2747/2015, ha establecido que los premios de jubilación son remuneraciones, si bien se trata de retribuciones no contempladas en la regulación legal, no siendo tampoco un complemento retributivo de los definidos en el art. 5 del RD 861/84, ni ajustándose a las determinaciones del art. 93 de la ley reguladora de bases del Régimen local. De ello se deduce sin lugar a dudas que el Acuerdo de funcionarios del Cabildo de Fuerteventura sí tiene la consideración de disposición general, ya que únicamente la misma puede establecer las retribuciones que sean, y nunca un simple acto administrativo, como pretendió la representación del Cabildo en su oposición a la declaración de ilegalidad propuesta por el Auto de fecha 12 de enero de 2.021. Y es que, como señala la sentencia del Juzgado de fecha 16 de marzo de 2.020, confirmada por la sentencia de esta Sala de fecha 28 de septiembre de 2.020, el acuerdo de funcionarios del Cabildo de Fuerteventura tiene naturaleza reglamentaria, no pudiendo por tanto compartirse el punto de vista de dicha administración en el sentido de que se trata de un acto administrativo plúrimo, siendo claro que el repetido acuerdo va mucho más allá de la naturaleza de un mero acto administrativo al contener las directrices que han de regir las relaciones entre el Cabildo y sus funcionarios, procediendo por tanto la estimación de la cuestión de ilegalidad.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación:

FALLAMOS.
Que debemos estimar y estimamos la presente cuestión de ilegalidad planteada por el Juzgado número cinco en relación con el art. 20 del Acuerdo de funcionarios del Cabildo Insular de Fuerteventura, el cual se anula. Ello sin efectuar pronunciamiento en cuanto a costas procesales.
Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de la Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
De conformidad con lo dispuesto en los arts. 86 y ss de la ley jurisdiccional, la presente sentencia podrá ser recurrida en casación, bien ante la Sala de este orden del Tribunal Supremo si el recurso se funda en infracción de normas de derecho estatal o de la Unión europea relevante y determinante del fallo, siempre que hubieran sido invocadas en el proceso  o consideradas por la sentencia, bien ante la sección especial de esta Sala cuando se funde en infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma de Canarias.

PUBLICACION. Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, celebrando audiencia pública el mismo día de su fecha, doy fe, en Las Palmas.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:	
JAIME BORRÁS MOYA - Ponente	11/05/2021 - 12:28:41	
INMACULADA RODRÍGUEZ FALCÓN - Deliberador	13/05/2021 - 10:46:11	
FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ DE LORENZO CÁCERES - Deliberador	14/05/2021 - 06:31:52	
En la dirección https://sede.justiciaencanarias.es/sede/tramites-comprobacion-documentos puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: A05003250- 35ce82f1392df81f60c3fbbaad01620970503379	
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